EL ESPECTACULO DE LOS OPERATIVOS Y SU TRANSFONDO OCULTO.

¿A quién beneficia este espectáculo?

Las pequeñas y medianas empresas no solo pagan impuestos. Son, además, el motor real de la economía nacional. Sostienen el empleo, mantienen barrios activos, dan oportunidades donde el Estado no llega y permiten que miles de familias vivan con dignidad. Sin embargo, en el debate sobre seguridad pública, las PYMES suelen ser las grandes olvidadas. Son blanco fácil del crimen, pero invisibles para la política de protección.

Es hora de decirlo fuerte y claro: la seguridad también es una inversión social, y debe incluir a quienes trabajan, producen y generan valor real al país. Proteger a una PYME no es solo proteger su caja registradora, es cuidar la vida de sus trabajadores, es mantener viva la economía local, es sostener la dignidad de quien emprende con esfuerzo, sin favores, sin subsidios, sin redes de protección política. Las PYMES no pueden seguir siendo víctimas invisibles de un sistema que mira hacia otro lado cuando la violencia toca su puerta.

Recursos públicos, resultados mínimos

Todo el aparataje desplegado tiene un costo. Un costo enorme. Carabineros movilizados desde distintos puntos del país, horas de vuelo de helicópteros que consumen recursos altísimos, combustible pagado con fondos públicos, logística compleja, cierres de calles, operativos de alto impacto, y por si fuera poco, el montaje de puntos de prensa con micrófonos, iluminación y discursos que repiten promesas ya escuchadas una y otra vez. Pero más allá de lo que se muestra en televisión, cabe preguntarse con seriedad: ¿cuántos detenidos reales quedan luego de estos operativos? ¿Cuántas bandas delictuales son realmente desarticuladas con pruebas concretas? ¿Cuántos procesos judiciales se abren con respaldo, y cuántos terminan en nada?

Porque la seguridad no puede ser un evento planificado para el prime time. No se resuelve con una marcha militar por el barrio ni con gendarmes tomándose selfies en las poblaciones más golpeadas por el crimen. Se necesita mucho más que presencia uniforme y flashes de cámaras. Se necesita inteligencia policial, operativos sostenidos, justicia efectiva, reinversión en el tejido social y, sobre todo, voluntad política real, que actúe más allá del impacto comunicacional del día. La seguridad debe ser una política de Estado, no un gesto de imagen.

Las PYMES: pagamos el precio, no recibimos la protección

Las pequeñas y medianas empresas no solo pagan impuestos. Son, además, el motor real de la economía nacional. Sostienen el empleo, mantienen barrios activos, dan oportunidades donde el Estado no llega y permiten que miles de familias vivan con dignidad. Sin embargo, en el debate sobre seguridad pública, las PYMES suelen ser las grandes olvidadas. Son blanco fácil del crimen, pero invisibles para la política de protección.

Mientras edificios públicos cuentan con guardias, sistemas de monitoreo y cercos de seguridad, las PYMES —que muchas veces operan en sectores vulnerables— enfrentan solas la amenaza constante de asaltos, robos, extorsión o violencia. No reciben blindaje, ni cámaras financiadas por fondos públicos, ni cobertura noticiosa cuando sufren pérdidas. A lo más, reciben recomendaciones básicas: “pongan más rejas”, “aseguren mejor sus cortinas metálicas”, “eviten abrir de noche”. En resumen: resígnense a vivir con miedo. Protéjanse como puedan.

Esta precariedad en la protección no solo es injusta, es absurda desde cualquier perspectiva estratégica. Si se busca estabilidad, crecimiento, desarrollo territorial, recuperación postpandemia o reducción de desigualdad, proteger a las PYMES no es opcional, es fundamental. No se puede hablar de seguridad si quienes sostienen la economía popular están abandonados. Y no se puede hablar de justicia si el comerciante de barrio queda desprotegido mientras se cuidan las vitrinas de los centros financieros.

Es hora de decirlo fuerte y claro: la seguridad también es una inversión social, y debe incluir a quienes trabajan, producen y generan valor real al país. Proteger a una PYME no es solo proteger su caja registradora, es cuidar la vida de sus trabajadores, es mantener viva la economía local, es sostener la dignidad de quien emprende con esfuerzo, sin favores, sin subsidios, sin redes de protección política. Las PYMES no pueden seguir siendo víctimas invisibles de un sistema que mira hacia otro lado cuando la violencia toca su puerta.

La pasividad legislativa: cuando los representantes no representan

Lo más doloroso no es solo la delincuencia. Es la falta total de Estado. No hay presencia efectiva en las poblaciones, en los cerros, en los sectores productivos abandonados. No hay salud oportuna, no hay educación transformadora, no hay inversión pública sostenida. Y cuando llega el Estado, lo hace tarde, con un operativo mediático que dura lo que dura el ciclo de noticias.

Los ciudadanos no estamos pidiendo favores. Estamos exigiendo lo que nos corresponde: un país con instituciones que funcionen, con políticas que respondan a la realidad, no a las encuestas, con un gobierno —sea cual sea su color político— que deje de hablar de futuro mientras el presente se desangra.

¿Hasta cuándo Chile será conducido por la inmediatez, por el miedo al trending topic, por el cálculo comunicacional del momento? Cada vez que una situación se vuelve viral o genera indignación colectiva, se activa la maquinaria estatal. Aparecen ministros en terreno, operativos relámpago, frases rimbombantes, medidas de corto plazo. Pero la reacción no es gobernanza. Gobernar no es responder al escándalo de la semana: es anticiparse a los problemas, prevenir, planificar, transformar de forma sostenida.

Hoy estamos ante un Estado que responde, pero no propone. Que corre, pero no lidera. Que actúa bajo presión, pero no construye confianza. Y esa lógica reactiva se ha vuelto crónica. Las autoridades esperan que estalle una crisis —una balacera, un portonazo, un asesinato, un campamento tomado— para recién ahí aparecer con soluciones apresuradas, parches discursivos y promesas que, en la mayoría de los casos, se diluyen con el paso de los días.

El problema de fondo no es solo la delincuencia. Es la ausencia de un plan país real y coherente, sin luces ni cámaras, sin guiones preparados ni tiempos de televisión. Un plan que vaya más allá del calendario electoral. Un proyecto que entienda que la seguridad no se improvisa. Que no se delega en operativos esporádicos. Que no se puede maquillar con estética de fuerza cuando falta fuerza institucional de verdad.

Chile necesita volver a confiar. Y para eso, necesita autoridades que trabajen en silencio, con convicción, con metas claras, con políticas públicas evaluables, no con slogans. Necesita gobiernos que rindan cuentas por resultados concretos, no por cuántos likes tuvieron sus anuncios. Porque la seguridad no es una vitrina para subir en las encuestas. Es un derecho humano básico, y su fracaso tiene costos profundos: miedo, desigualdad, rabia, y pérdida de libertad.

Mientras no entendamos esto, seguiremos atrapados en un ciclo eterno de reacción tras reacción, crisis tras crisis, decepción tras decepción. Y los únicos que pierden son siempre los mismos: los ciudadanos que siguen esperando respuestas.

Conclusión final